Senado Debate Sobre La Reforma Constitucional En Materia Del Poder Judicial

*Fortalece la reforma de 2024, que acercó el Poder Judicial al pueblo de México, afirma Óscar Cantón.

*Aplazar la elección de personas juzgadoras a 2028 simplificará boletas, disminuirá candidaturas y abonará a la claridad, asegura Manuel Huerta.

 Ciudad de México. 29 de mayo 2026.- En la segunda sesión del Periodo Extraordinario de Sesiones, el Pleno del Senado de la República inició el debate de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para aplazar la elección del Poder Judicial del 2027 al 2028.

 Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, aseguró que este proyecto fortalece y enriquece la anterior reforma judicial, porque “acredita que el Estado mexicano tiene la capacidad de observar una experiencia inédita, identificar áreas de oportunidad y perfeccionar aquello que puede funcionar mejor”.

 Cantón Zetina también destacó que esta reforma es un hecho inédito, un proceso único en el mundo y en la historia constitucional de México, porque a partir de 2024 se abrió la integración del Poder Judicial al voto libre, directo y secreto de la ciudadanía.

 Afirmó que reformar al Poder Judicial rompió inercias históricas, acabó con el nepotismo, con cacicazgos familiares, procedimientos alejados de la ciudadanía y, sobre todo, con una concepción elitista de la justicia, en donde sólo había justicia para el poderoso y para el del dinero.

Sobre el aplazamiento de la elección a 2028, dijo que de llevarse a cabo en 2027 implicaría una carga operativa extraordinaria para la autoridad electoral, mayores costos, complejidad para la ciudadanía y posibles riesgos de confusión, por lo que con esta reforma se atiende ese problema con soluciones razonables.

 Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, indicó que los cambios en la elección del Poder Judicial partieron de la decisión histórica del pueblo de México. Ahora, con esta reforma, dijo, se avanzará hacia un ejercicio más ordenado y sólido para el modelo judicial.

 Subrayó que aplazar los comicios simplificará boletas, disminuirá candidaturas y abonará a la claridad. “La propuesta es viable en términos operativos y financieros; la democratización del Poder Judicial continuará su avance; es una minuta que mejora una reforma que abrió camino”, expuso.

 Con estos cambios, explicó el legislador, lleva la elección judicial a 2028, adelanta la convocatoria del Senado, crea la Comisión Coordinadora, fortalece la capacitación permanente, crea secciones en la Suprema Corte y armoniza el sistema judicial local con el federal, en una frase, afina el modelo electoral judicial.

En el documento se destaca que estas reformas incorporan ajustes de técnica constitucional dirigidos a garantizar su implementación ordenada, su operatividad electoral, la calidad de los perfiles sometidos al voto ciudadano y la estabilidad funcional del Poder Judicial.

 Advierte que la coincidencia de procesos ordinarios y judiciales en 2027 representaría un desafío presupuestal, además de que .la concurrencia de ambos procesos implicaría la instalación de un número extraordinario de casillas, mayores costos presupuestales, incremento en documentación y materiales electorales, así como una carga operativa considerable para el Instituto Nacional Electoral y los organismos electorales locales.

 En consecuencia, refiere, establecer que la elección judicial pendiente se llevará a cabo en el 2028 constituye una regla transitoria de racionalidad constitucional. Su finalidad es preservar simultáneamente la continuidad del servicio público de impartición de justicia y la certeza de la organización electoral; la viabilidad presupuestal, técnica y logística del proceso.

 Los cambios también disponen que las Magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del Decreto, permanecerán en su encargo hasta el año 2028, concluyendo en la fecha en que tomen protesta las personas servidoras públicas que emanen de la elección federal respectiva.

 Asimismo, con la reforma al artículo 35 de la Constitución será posible que el primer domingo de junio del cuarto año del periodo constitucional de forma coincidente con las jornadas electorales, federal o locales, la ciudadanía pueda ejercer distintos derechos político-electorales y de participación en una misma jornada.

 Al fijar la postura de Morena, el senador Cuauhtémoc Ochoa Fernández afirmó que la reforma no es un “paso atrás”, sino actuar con la madurez jurídica, viabilidad operativa y responsabilidad institucional que el pueblo espera, por lo que la propuesta de trasladar la segunda etapa de la elección judicial de 2027 a 2028, es una muestra de “alta política”.

 El senador Ricardo Anaya Cortés, del PAN, señaló que lo que esconde esta reforma es el control total del Poder Judicial para perseguir a los opositores como la gobernadora María Eugenia Campos Galván, además de que está diseñada para que sea un “tiro de precisión” y lleguen las personas juzgadoras “a modo”.

 Juanita Guerra Mena, senadora del PVEM, resaltó que las leyes son perfectibles, por lo que consideró que esta reforma judicial se da en un momento clave y trascendental de la historia de México, porque la vida democrática del país tiene que darse siempre en favor de los ciudadanos; por ello, agregó, su grupo Parlamentario respalda la reforma que tuvo origen en Poder Ejecutivo.

 Del PRI, el senador Manuel Añorve Baños dijo que esta es una reforma que no le da certidumbre a la aplicación de la justicia, por lo que su Grupo Parlamentario no será cómplice del desaseo y no avalará el control político sobre la justicia. Además, acusó a Morena de enterrar al Poder Judicial Federal y el equilibrio de Poderes, así como la democracia en México.

 Lizeth Sánchez García, senadora del PT, explicó que el dictamen fortalece el proceso de elección, incluye mecanismos de evaluación para revisar perfiles con mayor objetividad y transparencia y plantea que las y los aspirantes deberán pasar filtros técnicos, evaluaciones profesionales y procesos rigurosos.

 El senador Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, estimó que con esta reforma se busca administrar una crisis de credibilidad política, económica y social, sin corregir de fondo los graves problemas que tiene la “mal llamada Reforma Judicial”. Advirtió que se trata de “una vil reforma electoral no judicial, con un proceso legislativo más viciado que la anterior, en fastrack y sin análisis”.